"Según el Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana(IHRU), los datos de la evaluación 2025 indican que los pagos de apoyo se pagarán a 129.642 inquilinos en septiembre, con carácter retroactivo a enero", dijo el Ministerio de Infraestructura y Vivienda en una respuesta por escrito a Lusa.

El número de inquilinos con inconsistencias y cuyos pagos, por lo tanto, serán suspendidos es de 58.659. En estas situaciones, los beneficiarios serán notificados y deberán regularizar su situación a través del Portal de Consulta Ciudadana disponible en la web del IHRU.

El martes, la Defensoría del Pueblo anunció que había remitido un escrito a la Secretaría de Estado de Vivienda solicitando una revisión urgente de las ayudas extraordinarias al pago del alquiler, tras recibir un "importante volumen de quejas" que revelaban graves irregularidades.

A preguntas de Lusa, el Ministerio de Infraestructuras y Vivienda subrayó que "el Programa Extraordinario de Ayuda al Alquiler (PAER), creado en 2023 por el anterior Gobierno, estaba mal diseñado, al implicar el cruce de datos de cinco entidades distintas (IHRU, Hacienda, Seguridad Social, Caja General de Pensiones y Fundación para la Ciencia y la Tecnología), sin garantizar su interoperabilidad."

Según anunció previamente el Gobierno, está prevista "en breve" una revisión del programa para garantizar su operatividad.

Este año, la Oficina del Defensor del Pueblo ha registrado un aumento significativo en el número de quejas relacionadas con la suspensión y reducción de las ayudas y, entre mayo de 2023 y julio de 2025, ha recibido aproximadamente un millar de solicitudes relacionadas con este régimen de ayudas al alquiler.

La Oficina del Defensor del Pueblo concluyó que el marco legal se diseñó sin tener en cuenta los derechos y garantías fundamentales de las personas bajo su jurisdicción, y que el Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana (IHRU), la Autoridad Fiscal y Aduanera(AT) y elInstituto de la Seguridad Social(ISS) tienen una capacidad de coordinación y respuesta insuficiente.

La Defensoría también encontró que "derechos plenamente consagrados, como el derecho de los ciudadanos a la información, la notificación de las decisiones, la justificación de los actos administrativos y la audiencia previa de los interesados", han sido ignorados, y que "los ciudadanos cubiertos por este soporte -anunciado como automático- han sido redirigidos repetidamente de un servicio a otro, sin poder obtener la información que buscaban".

Además, subrayó, las plataformas informáticas en uso "son frágiles e inadecuadas para su propósito, contribuyendo a graves retrasos y dificultades en la obtención de información."

Las quejas recibidas este año revelan también el "retraso extremo" hasta el inicio de los pagos de las ayudas. Una vez iniciados los pagos, sólo se entrega una única cantidad mensual, "sin indicación de cuándo se abonarán las retroactividades debidas."

"En varias situaciones, los ciudadanos alegan que su situación social y económica ha empeorado debido a los fallos de la Administración, y también expresan una profunda desconfianza en una solución legal diseñada para apoyarles", señaló la Defensoría.

Algunos de los "fallos sistémicos" en este apoyo ya se habían puesto de manifiesto en los dos últimos informes anuales presentados a la Asamblea Nacional, señaló la Defensoría.