"Por resolución del Consejo de Ministros, se decidió que todos los bomberos que lucharon en primera línea en las zonas más afectadas durante el periodo comprendido entre el 26 de julio y el 27 de agosto recibirán un aumento del 25% de su salario diario, que se prorrogará durante otros 15 días", declaró Maria Lúcia Amaral, en el municipio de Lousã, distrito de Coimbra.

La ministra, que ha visitado esta mañana a los Bomberos Voluntarios de Serpins, también ha destacado el compromiso del Gobierno de definir el estatuto profesional de los bomberos que tienen contratos de trabajo indefinidos con organizaciones humanitarias locales.

Según el ministro, que dio públicamente las gracias a los bomberos portugueses, la definición "rigurosa y justa" de su estatuto profesional "será una preocupación del Gobierno en los próximos meses".

Tras los incendios que asolaron Portugal en julio y agosto, y que consumieron más de 250.000 hectáreas de bosque, Maria Lúcia Amaral afirmó que ha llegado el momento de "reconstruir, fijar objetivos, examinar seriamente los problemas y ayudar inmediatamente a reconstruir la vida de las personas que se vieron profundamente afectadas".

La ministra admitió ante los periodistas que, "dada la magnitud de la catástrofe", no todo salió bien en la respuesta a los incendios, pero subrayó que ahora "es el momento de comprender lo ocurrido y evaluar".

El Ministro de Administración Interior negó que el sistema de protección civil se hubiera colapsado, afirmando que "el país respondió", aunque un análisis crítico de su funcionamiento está "sobre la mesa".

El municipio de Lousã se vio afectado por un gran incendio iniciado el día 14, que se extendió a municipios vecinos y consumió 3.500 hectáreas en la Serra de Lousã.

Portugal continental se ha visto afectado por múltiples grandes incendios rurales desde julio, especialmente en las regiones Norte y Centro.

Los incendios causaron cuatro muertos, entre ellos un bombero, y varios heridos, algunos graves, y destruyeron total o parcialmente viviendas de primera y segunda residencia, así como explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales.

Según datos oficiales provisionales, hasta el 23 de agosto habían ardido en el país unas 250.000 hectáreas, de las cuales más de 57.000 correspondían al incendio iniciado en Arganil.