Las cifras publicadas recientemente por APREN son reveladoras. Hay alrededor de 60 000 millones de euros de inversión en energías renovables a la espera de ponerse en marcha, pero bloqueados por los trámites de autorización, las limitaciones de la red eléctrica y la falta de decisiones. Según el estudio, cada año de retraso supone unos 1 700 millones de euros de ingresos fiscales que el Estado deja de recaudar. Esto ya no es un debate sobre energía. Es un debate sobre competitividad.

Lo más curioso es que Portugal es hoy uno de los países europeos con mayor incorporación de energías renovables en la producción eléctrica. La producción renovable permite reducir la dependencia energética, bajar el coste de la electricidad para las familias y las empresas, y hacer que el país resulte más atractivo para nuevas industrias. En el primer semestre de este año, hubo prácticamente un mes en el que la producción renovable fue suficiente para cubrir el consumo nacional total. En otras palabras, sabemos cómo producir energía limpia. Lo que aún falta es la capacidad de convertir esa ventaja en crecimiento económico.

Lamentablemente, esta realidad no se da solo en el sector energético. La encontramos en la vivienda, donde hay escasez de viviendas porque los trámites siguen siendo lentos. La encontramos en la industria, donde los proyectos esperan años para obtener los permisos. La encontramos en los centros de datos, la logística y muchos otros sectores estratégicos. El patrón se repite demasiadas veces. Portugal consigue atraer a los inversores, pero luego tarda demasiado en tomar una decisión.

Por supuesto, nadie aboga por menos requisitos medioambientales ni por menos transparencia. Un país moderno necesita normas claras y una evaluación rigurosa de los proyectos. Pero una cosa es examinar minuciosamente y otra muy distinta es convertir la decisión en un proceso tan largo que la oportunidad desaparezca antes de que llegue la licencia.

Vivimos en una economía global en la que el capital es cada vez más móvil. Los inversores aceptan las normas. Lo que difícilmente aceptan es la incertidumbre permanente. Cuando un proyecto tarda años entre dictámenes, autorizaciones y diferentes organismos, el riesgo ya no recae en la inversión, sino que pasa al propio país.

Quizá haya llegado el momento de cambiar la forma en que evaluamos la competitividad nacional. Hoy en día, ya no basta con preguntarnos cuánta inversión podemos atraer. Tenemos que preguntarnos cuánta inversión podemos realizar.

Porque el verdadero problema de Portugal ya no es la falta de oportunidades. Es la rapidez con la que somos capaces de convertirlas en realidad.

Y en un mundo en el que las decisiones se toman cada vez más rápido, quizá el mayor riesgo para nuestra economía ya no sea la falta de inversión. O, simplemente, tardar demasiado en dar el «sí».