El jefe de Estado justificó la ley afirmando que el rostro debe seguir siendo un elemento clave de la identidad y la comunicación humanas, al tiempo que reconoció lo delicado que es este asunto desde el punto de vista social y cultural.

La ley, aprobada por el Parlamento en julio con el respaldo de la coalición de centro-derecha en el Gobierno y de la extrema derecha, prohíbe las prendas diseñadas para ocultar el rostro o impedir la identificación de las personas en público. Asimismo, tipifica como delito obligar a alguien a cubrirse el rostro por motivos relacionados con el género, la religión, la edad o el origen.

Quienes incumplan la ley se exponen a multas de entre 150 y 3.000 euros; sin embargo, existen excepciones en casos relacionados con la salud, requisitos profesionales, actuaciones artísticas y condiciones meteorológicas, así como en lugares de culto, misiones diplomáticas y a bordo de aeronaves.

La propuesta legislativa partió del partido Chega y recibió reacciones negativas de organizaciones como el Colegio de Abogados, el Consejo Superior del Ministerio Público y la Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas, todas las cuales expresaron su preocupación por su posible inconstitucionalidad.

La oposición de izquierdas, formada por el Partido Socialista, Livre y el PCP, votó en contra de la medida, acusando a sus defensores de difundir discurso de odio y fomentar la islamofobia en nombre de la seguridad o los derechos de las mujeres. Los grupos progresistas criticaron la medida por crear un clima de pánico moral y advirtieron de los riesgos que suponía para la unidad de las comunidades directamente afectadas.