El Ministerio de Educación ha abierto hoy una consulta pública sobre las directrices para el «uso responsable» de la inteligencia artificial (IA) en los centros educativos, limitando el uso de dicha tecnología a aquellas situaciones en las que «contribuya a ampliar las oportunidades de aprendizaje».

El documento «Inteligencia artificial en la educación: directrices para el uso responsable de la IA en el contexto educativo» estará abierto a consulta pública durante 30 días en la página web del Instituto de Educación, Calidad y Evaluación (EduQA).

En un comunicado, el Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación (MECI) explica que la propuesta refleja una directriz transversal: la IA solo debe integrarse en la educación cuando permita «ampliar las oportunidades de aprendizaje, participación y creación».

Por otra parte, no debe comprometer la autonomía intelectual de los alumnos, la toma de decisiones pedagógicas y la responsabilidad de los docentes, la equidad en el acceso ni la salvaguarda de los derechos.

El uso de la IA dependerá de la edad de los alumnos

Entre los niños más pequeños, la IA se entiende como una herramienta de apoyo al trabajo de los educadores de educación infantil y no para que la utilicen los niños.

En lo que respecta a la educación primaria y secundaria, el uso de la IA —como herramienta para facilitar la comprensión de los contenidos, la exploración de ideas, la organización del conocimiento y la resolución de problemas— debe ir acompañado del desarrollo progresivo de los alumnos para que comprendan el funcionamiento y las limitaciones de estos sistemas.

El objetivo, explica el Ministerio de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (MECI), es «fomentar una relación crítica y responsable con la tecnología y no la dependencia de respuestas automatizadas», en la que los alumnos sean igualmente capaces de identificar errores y sesgos, verificar la información y las fuentes, y tomar decisiones fundamentadas.

Los profesores decidirán cuándo se puede utilizar la IA

Según las directrices, corresponderá a los docentes definir las condiciones para el uso de la IA en cada actividad, pero el documento propone tres modalidades para llevar a cabo las tareas.

Si el objetivo es observar el desempeño autónomo del alumno, la IA no debe ser un recurso. En otras tareas, puede servir de apoyo, utilizándose únicamente para los fines y en las etapas definidas por el profesor, o de forma integrada, cuando forma parte de la propia tarea o constituye un objeto de análisis y aprendizaje.

Nuevas herramientas para orientar el uso de la IA en las aulas

El Ministerio de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (MECI) propone asimismo un conjunto de instrumentos de apoyo, como un sistema de semáforo para el uso pedagógico de la IA, con condiciones para su uso en diferentes situaciones, y preguntas de verificación para evaluar si la IA contribuye a los objetivos del profesor en una actividad determinada.

La indicación del uso de la IA en las tareas es otro de los instrumentos propuestos, así como la verificación por parte del alumno de una serie de condiciones antes de entregar un trabajo y —para las administraciones y servicios escolares— la implementación de procesos para la evaluación institucional de las herramientas.

Protección de datos y seguridad de los alumnos

El documento identifica también los riesgos que deben prevenirse, especialmente en los ámbitos de la privacidad, la seguridad, la equidad, la autoría y la integridad de los trabajos escolares.

En cuanto a la protección de datos y la seguridad, el MECI subraya que «la creación, manipulación o divulgación indebida de imágenes, vídeos o grabaciones de audio falsos debe tratarse como un incidente de ciudadanía digital y seguridad, lo que puede justificar, en función de la naturaleza y gravedad de la situación, la aplicación de los procedimientos previstos en la legislación vigente».

Las líneas generales del documento, ahora abierto a consulta pública, se presentaron el lunes ante el Consejo de Centros Escolares y las asociaciones que representan a los directores de centros escolares de los sectores público y privado, y también se solicitó la opinión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Tras la consulta pública, la versión definitiva de las directrices se enviará a los centros educativos a partir del segundo trimestre, el 4 de enero de 2027.

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