El plan, presentado por la ministra de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, el martes 3 de noviembre en la Asamblea de la República Portuguesa, forma parte del examen específico del proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2027, tal y como exige la Directiva sobre energías renovables. Las recomendaciones también abarcarán los sectores del agua, los residuos y la minería.

La ministra reconoce que la oposición local a los proyectos energéticos, hidráulicos y de residuos es una cuestión urgente, y ha destacado la importancia del diálogo, la transparencia y las compensaciones, citando la explotación minera de Aljustrel como ejemplo de participación ciudadana. Según la ministra, los proyectos deben incluir siempre el intercambio de información con la población y las autoridades locales, y deben garantizar que la población obtenga beneficios tanto inicialmente como a largo plazo. Una planta de energía solar podría suponer la generación de energía más barata para la comunidad local.

«Queremos que la población acepte estos proyectos, con beneficios recíprocos, transparencia y diálogo entre las empresas y la población», afirmó, recordando que uno de los proyectos controvertidos, la central solar de Sophia, se encuentra pendiente de resolución por parte de las autoridades encargadas de la evaluación de impacto ambiental. Se debe seguir dando prioridad a los paneles solares instalados en tejados de grandes superficies, como los almacenes, pero estos no generarán suficiente capacidad. Por lo tanto, es necesario continuar con los proyectos, siempre y cuando no se ubiquen en zonas sensibles.

El fenómeno también conocido como NIMBY —Not In My Backyard (no en mi patio trasero)— es reconocido a nivel mundial como uno de los principales obstáculos para los inversores que desean poner en marcha proyectos de energía renovable. El nivel de protesta pública suele estar vinculado a la madurez del mercado en términos de información, contenido social y diálogo comunitario. Algo que no siempre ha sido una prioridad ni para los inversores ni para el Gobierno durante este momento crítico, en el que la demanda y el precio de la electricidad en Portugal son muy elevados y se está reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. La última central de carbón de Portugal cerró en 2021.

Muchas inversiones de gran repercusión, como los centros de datos, la producción de combustibles alternativos —como el hidrógeno verde— y fertilizantes —como el amoníaco verde—, requieren enormes cantidades de energía renovable y corren el riesgo de que el proyecto no pueda llevarse a cabo o de que, sencillamente, se cancele la inversión debido a las protestas públicas:

· Parque eólico de Cachenas, en el Alentejo: Planificado por Galp para abastecer de energía a una planta de hidrógeno verde en la Zona Industrial y Logística de Sines, este proyecto eólico de 19 turbinas se canceló oficialmente en mayo de 2026 debido a la fuerte oposición de la población local, los grupos ecologistas y las autoridades municipales.

· Planta fotovoltaica de Beira, en Beira Baixa: Impulsado por Lightsource BP, este gigantesco proyecto solar fue rechazado por la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA) también a raíz de protestas locales generalizadas y de denuncias formales relativas a daños ecológicos y al uso del suelo.

El decreto de junio concedía inicialmente 90 días para presentar el plan, pero el Presupuesto General del Estado solo prevé su puesta en marcha en 2027. Exige a los promotores que presenten un plan de participación e implicación de la comunidad como parte de su solicitud de licencia.

Aunque el ministro calificó el asunto de «urgente», el proyecto de presupuesto estatal para 2027 solo menciona el plan en una única frase —en la que se indica que se va a poner en marcha, promoviendo una mayor participación de los municipios y las comunidades locales en los beneficios de los proyectos—, pero no asigna fondos ni establece un calendario para ello.

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