En 2024, había 220.400 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, pero sólo el 23% -aproximadamente 51.500- habían declarado cotizaciones, según datos oficiales enviados a Lusa por el Instituto de la Seguridad Social(ISS).

El número de trabajadores registrados oficialmente se ha mantenido estable en los últimos tres años, pero el porcentaje con cotizaciones es sistemáticamente inferior a la cuarta parte del total. En 2022, el 23% declaró cotizar; en 2023, la cifra subió ligeramente al 24%, para volver a bajar al 23% en 2024.

Según el Libro Blanco "Trabajo doméstico decente", publicado en abril de 2024 por el Sindicato de Trabajadores de Conserjería, Seguridad, Limpieza, Actividades Domésticas y Diversas(STAD) con el apoyo de la Comisión de Ciudadanía e Igualdad de Género (CIG), el 48% de las trabajadoras no realizan retenciones, siendo los empleadores -en su mayoría particulares- quienes pagan las retenciones "en la gran mayoría de los casos".

El mismo estudio indica un descenso del 69% en el número de trabajadoras domésticas que declaran a la Seguridad Social entre 1990 y 2022, a pesar del aumento del 42% en el número de empleadores en el mismo periodo.

En diciembre de 2024, el salario medio declarado en el sector era de 358 euros al mes, por debajo del salario mínimo nacional (820 euros). Desde 2022, la remuneración media ha aumentado 40 euros, pero sigue estando muy por debajo del salario mínimo legal.

Cuando el trabajo se paga por horas, el importe declarado a efectos de cotización es de 3,01 euros, aunque el salario real sea superior. La ley exige declarar un mínimo de 30 horas al mes, y el tipo total de cotización es del 28,3% (18,9% a cargo del empresario y 9,4% a cargo del trabajador).

El impago de las cotizaciones compromete el derecho a la pensión de vejez, el subsidio de desempleo, el subsidio de enfermedad, el subsidio parental y las pagas extraordinarias de Navidad y vacaciones.

Reforma

El proyecto de reforma laboral "Trabalho XXI", presentado por el gobierno de Luís Montenegro, pretende acabar con la penalización de la falta de notificación a la Seguridad Social de las altas de trabajadores, una norma que, desde mayo de 2023, puede acarrear penas de prisión de hasta tres años o multas de hasta 180.000 euros a los empresarios que no declaren los contratos en el plazo legal.

El gabinete de la ministra de Trabajo, Maria do Rosário Palma Ramalho, no explicó los motivos de la medida ni su posible impacto en la evasión fiscal y de la Seguridad Social.

Los abogados entrevistados por Lusa advierten del riesgo de agravamiento de la informalidad. Madalena Caldeira, del bufete Gómez-Acebo & Pombo, cree que "la ausencia de consecuencias penales puede interpretarse como un debilitamiento de la protección del Estado", aumentando la vulnerabilidad de los trabajadores. Rita Robalo de Almeida, de Antas da Cunha Écija, subraya el papel preventivo de la penalización "desde una perspectiva psicológica" y anticipa "un aumento significativo" de la evasión fiscal si el cambio no va acompañado de un refuerzo de la aplicación de la ley, campañas de concienciación y procedimientos simplificados de declaración.

Incluso con el cambio, se mantendrá la obligación de declarar los contratos, y el incumplimiento seguirá estando sujeto a multas, pero no a penas de prisión ni a sanciones penales.