La iniciativa incluye la creación de mostradores de ayuda presenciales en ayuntamientos y oficinas de correos para orientar a las personas en el papeleo y el acceso a prestaciones sociales. Se trata de un cambio hacia unos servicios públicos más fáciles de usar y hacia la accesibilidad de los derechos sociales para las personas mayores y discapacitadas.


El servicio ofrecerá apoyo personalizado y coordinado, derivación a las oficinas adecuadas y divulgación preventiva para evitar que las personas den vueltas en círculo. Si tiene éxito, el modelo podría reducir la exclusión al evitar que las personas se vean bloqueadas por la complejidad burocrática.