Según informa Diário do Distrito, la iniciativa no pretende prohibir los patinetes eléctricos de propiedad privada. En cambio, propone poner fin a los sistemas de uso compartido comercial, al tiempo que permite a los particulares seguir comprando y utilizando sus propios vehículos, siempre que cumplan con la legislación portuguesa.

Los operadores, en el punto de mira

La petición, cuyo primer firmante es Diogo Fernandes Sousa, sostiene que las medidas municipales no han logrado abordar adecuadamente los problemas generados por los patinetes compartidos.

Según la petición, los vehículos se abandonan habitualmente en las aceras y en otras zonas peatonales, lo que puede suponer un obstáculo para las personas con movilidad reducida, los peatones ciegos o con discapacidad visual, las personas mayores, los niños y los padres que empujan cochecitos.

Esta petición también afirma que el gran número de patinetes disponibles de forma inmediata a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes puede fomentar comportamientos irresponsables y dificultar la aplicación de la normativa.

Por ello, los organizadores reclaman un marco nacional único que prohíba la explotación comercial de los sistemas de patinetes eléctricos compartidos en todo Portugal.

Asimismo, quieren que se exija a los operadores retirar sus vehículos por cuenta propia si se interrumpen los servicios, además de una aplicación más estricta de las normas que regulan el uso de los patinetes.

Movilidad sostenible

El debate surge en un momento en que algunos municipios portugueses están reevaluando su enfoque respecto a la micromovilidad compartida.

En junio, Braga se convirtió en uno de los ejemplos recientes más significativos cuando su ejecutivo municipal aprobó la rescisión de los acuerdos con los operadores de patinetes eléctricos compartidos de la ciudad, tras un aumento de los incidentes relacionados tanto con la circulación como con el estacionamiento de los vehículos.

El Ayuntamiento de Braga reveló que, según datos de la PSP, se registraron 37 accidentes de tráfico en los que se vieron implicados patinetes eléctricos durante el primer semestre de 2026, lo que provocó 33 heridos, incluidos dos de gravedad.

Además, había alrededor de 500 patinetes compartidos, propiedad de dos empresas, disponibles en aproximadamente 240 puntos de uso compartido en el municipio. Se concedió a los operadores un plazo máximo de 60 días para retirar los patinetes del municipio.

Braga señaló que la suspensión tenía por objeto dar tiempo a elaborar nuevas normas capaces de conciliar la movilidad sostenible con la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los espacios públicos.

Enfoque regulador

Por su parte, Lisboa ha optado por un enfoque más regulador en lugar de una prohibición total.

La normativa de la ciudad incluye un límite de velocidad de 20 km/h, restricciones sobre los lugares por donde pueden circular los patinetes compartidos y zonas de aparcamiento designadas, mientras que también se ha exigido a los operadores que impidan a los usuarios finalizar un trayecto cuando el patinete se haya dejado fuera de una zona de aparcamiento autorizada.

No obstante, esta cuestión ha seguido siendo políticamente controvertida, ya que la asamblea municipal de Lisboa recomendó anteriormente que la ciudad publicara y promoviera una normativa específica para los patinetes compartidos y otras formas de movilidad blanda compartida.

Investigaciones y reportajes anteriores también han puesto de relieve el debate medioambiental en torno a los patinetes compartidos. Si bien pueden sustituir algunos desplazamientos cortos en coche, su fabricación, recogida, recarga y mantenimiento pueden reducir su ventaja medioambiental en comparación con las estimaciones basadas únicamente en la ausencia de emisiones de escape.

Solución nacional

La última iniciativa sostiene que los diferentes enfoques adoptados por los ayuntamientos no son suficientes y que, en su lugar, el problema debería abordarse a nivel nacional.

Sus defensores señalan a las ciudades que han restringido o suprimido los servicios de patinetes compartidos como prueba de que la normativa local no siempre resuelve las preocupaciones relacionadas con el aparcamiento, la accesibilidad, la seguridad y la aplicación de la ley.

Esta propuesta se centra específicamente en el modelo comercial de uso compartido, más que en los patinetes eléctricos en sí mismos.

La petición está actualmente abierta a la firma pública a través de la plataforma Petição Pública.