Según un documento aprobado durante una reunión del ejecutivo, se identificaron «125 edificios vacíos» «en esta fase del procedimiento». De ellos, 112 se encontraban en la ARU del Centro Histórico, «incluidos algunos que, a pesar de tener instalado un contador de agua, no registran consumo alguno o solo un consumo residual (de hasta 7 m³)», 11 en la ARU de Nossa Senhora da Encarnação y dos en la ARU de Arrabalde D’Aquém.

Al comparar los resultados —que, según reconoce el ayuntamiento, aún son provisionales— con los del año anterior, se observa una reducción en el número de edificios desocupados, que ha pasado de 131 a 125.

Se notificará a los propietarios de los inmuebles ahora identificados como desocupados sobre un posible aumento del Impuesto Municipal sobre Inmuebles (IMI) o una reducción en caso de que procedan a la renovación de los edificios en el ejercicio fiscal de 2026.

«Se observa una evolución. Algunos edificios han salido de la lista y otros han entrado. No son solo estas 123 viviendas las que cambiarán el panorama inmobiliario de Leiria en lo que respecta a la desocupación, pero siguen siendo hogares y representan una estrategia de recuperación», declaró el alcalde de Leiria, Gonçalo Lopes (PS).

El alcalde hizo hincapié en que «al estar situadas en el corazón de Leiria, también conllevan un mayor riesgo», y reconoció que «esta política fiscal no siempre es capaz de desencadenar una ola de inversiones o ventas».

«La gente prefiere pagar más impuestos, pero esto supone una presión adicional en relación con la subida del tipo del IMI con este fin», añadió. Nuno Serrano, concejal del PSD en el Ayuntamiento de Leiria, señaló que «este estudio debe entenderse a la luz de la creciente presión sobre el mercado inmobiliario, impulsada por la escasez y la elevada demanda, lo que está elevando los precios a niveles inasequibles para la mayoría de los ciudadanos».

Además, sugirió ampliar este instrumento a «otras zonas del municipio, no solo a los barrios históricos, sometiendo a la Asamblea Municipal la ampliación de las “zonas de presión urbana” (ZPU)», con el fin de «abarcar de forma más equitativa otras parroquias y territorios igualmente marcados por el abandono, la degradación o la infrautilización del entorno construido».»

El socialdemócrata también recomendó reforzar la «vigilancia continua» de los edificios en riesgo de derrumbe, una situación que se agravó con el sistema de tormentas Kristin.

«Algunos de estos edificios desocupados están ocupados ilegalmente y, en ocasiones, se utilizan para el consumo de drogas y, en algunos casos, para el tráfico de drogas, entre otras actividades ilícitas. Esta realidad agrava la degradación y supone un grave riesgo para la seguridad y la salud públicas, lo que afecta directamente a los residentes», subrayó Nuno Serrano.

Gonçalo Lopes explicó que la cuestión de la «presión inmobiliaria no entra dentro del ámbito de la decisión de hoy, sino de la carta municipal de la vivienda que se está elaborando actualmente y cuya finalización está prevista para finales de año».

Durante la sesión de hoy del Ayuntamiento, también se aprobó la decisión de revocar el plan de adjudicación del contrato para la renovación y ampliación del Centro de Salud Dr. Gorjão Henriques, destinado a albergar un centro de diagnóstico integrado con un valor base de 380 000 €, debido a que no se presentó ninguna oferta.

El concejal Ricardo Santos (PS), responsable de Obras Municipales, señaló que «cuando una licitación no recibe ninguna oferta, es posible proceder mediante adjudicación directa, siempre que el precio base y el plazo de ejecución del proyecto se mantengan sin cambios».

Este proyecto surge de una colaboración con la Unidad Local de Salud (ULS) de la región de Leiria, que presentó el proyecto piloto al Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR). La ULS se encarga de la adquisición de los equipos, mientras que el ayuntamiento se ocupa de las obras de construcción del edificio, del que es propietario.