«Vamos a introducir una prohibición del uso de teléfonos inteligentes en la enseñanza secundaria inferior», reveló el ministro de Educación, Fernando Alexandre, en declaraciones a Lusa, explicando que los centros educativos dispondrán del primer trimestre para adaptarse y llevar a cabo la transición a la nueva medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Ampliación de la prohibición

La medida, que actualmente afecta a los alumnos de 1.º a 5.º de primaria, se ampliará así hasta 9.º de primaria, aunque se mantendrán algunas excepciones, como las circunstancias relacionadas con la salud debidamente documentadas.

Fernando Alexandre explicó que la decisión se basó en las tendencias internacionales y en una nueva encuesta realizada a directores de centro, quienes señalaron que en las zonas donde no se permiten los teléfonos móviles hay «más socialización» y «menos mal comportamiento».

En el curso académico anterior, la prohibición era obligatoria solo para los alumnos de los ciclos 1.º y 2.º, pero el 52 % de los centros del ciclo 3.º también decidieron prohibir los «smartphones», mientras que el 82 % impuso algún tipo de restricción.

Aumento de la interacción social

En los centros en los que ya no se permite el uso de teléfonos móviles, la interacción social aumentó un 36 % en comparación con los centros sin restricciones, mientras que en aquellos que optaron por restricciones parciales, la mejora fue del 16 %, según un estudio de PLANAPP —Centro de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas—, que reveló que la disciplina también mejoró: un 13 % en los centros sin «smartphones» y un 9 % en aquellos que adoptaron restricciones.

Los directores encuestados en el estudio también afirmaron que la existencia de un marco legal había reforzado la autoridad de los centros.

Las ventajas de no permitir los «teléfonos inteligentes» en los patios han llevado a cada vez más directores a adoptar la medida, incluso en niveles educativos en los que aún no estaba prohibida: la mayoría de los centros (66 %) con alumnos de 3.º y 2.º ciclo decidieron el año pasado aplicar la prohibición entre los alumnos de más edad, más del doble que la cifra del año anterior.

Fernando Alexandre considera que esta prohibición protege a los jóvenes: «Los efectos nocivos sobre el desarrollo de los niños y los jóvenes son ahora más que evidentes; se han demostrado científicamente. Con esta medida, pretendemos crear las mejores condiciones para el desarrollo de los niños y los jóvenes y garantizar las mejores condiciones de aprendizaje».

Retos de aplicación

El ministro reconoció que los centros en los que conviven alumnos de secundaria inferior y superior pueden enfrentarse a «algunos retos de aplicación» y, por ello, ha concedido un período de transición hasta diciembre para garantizar que la prohibición en los centros de secundaria inferior «entre en vigor el 1 de enero de 2027».

Todo este proceso comenzó en el curso 2024/2025, con la recomendación de que los alumnos de los ciclos primero y segundo dejaran de llevar teléfonos inteligentes al colegio. Un estudio inicial de PLANAPP concluyó que la medida fomentaba una mayor socialización y reducía las conductas indebidas y el acoso escolar. En septiembre de 2025, la recomendación se amplió a una prohibición hasta el 5.º curso.

Fernando Alexandre considera que la decisión de ampliar la prohibición hasta el 9.º curso «tendrá una muy buena acogida entre las familias y los centros educativos», y argumenta que también se trata de «una cuestión de responsabilidad en materia de políticas públicas».

Medidas complementarias

El ministro reconoció que la medida debe complementarse con otras políticas.

«Actualmente estamos en proceso de contratar a 1 406 profesionales especializados, de los cuales aproximadamente la mitad son psicólogos», afirmó, y señaló que también se está preparando la renovación de las zonas exteriores de los centros educativos, tal y como se había prometido anteriormente.

Fernando Alexandre hizo hincapié en que la prohibición en Portugal está en consonancia con «la tendencia internacional», y señaló que la mayoría de los sistemas educativos ya han adoptado restricciones nacionales sobre el uso de teléfonos móviles en los centros educativos y que la Unión Europea tiene en marcha iniciativas para limitar el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años.

«No hay duda de que debemos regular el uso de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, ya que, efectivamente, dan lugar a comportamientos adictivos que restringen la libertad de las personas. Regular el uso de las redes sociales no significa restringir la libertad, sino garantizar que se frene el comportamiento adictivo, que limita la libertad de elección de los jóvenes y de las personas», argumentó.