La medida establece que las demandas interpuestas contra la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA) deben presentarse en la zona en la que el solicitante resida o tenga su domicilio, con lo que se suprime la competencia exclusiva del Tribunal Administrativo de Lisboa y se redistribuyen los casos entre distintos tribunales de todo el país.

Presentación de la propuesta

Durante la presentación de la propuesta, la ministra de Justicia, Rita Alarcão Júdice, describió la situación del sector y destacó un aumento significativo de la acumulación de casos pendientes en los tribunales administrativos a partir de 2023, año en que se suprimió el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) y fue sustituido por la AIMA.

La ministra hizo hincapié en la grave acumulación de casos de medidas cautelares urgentes en la capital, donde se está registrando un elevado volumen de demandas masivas y repetitivas que persiguen la protección de derechos, libertades y garantías. Para agilizar el control jurisdiccional de estas solicitudes de medidas cautelares, el Gobierno tiene la intención de implantar formularios obligatorios y estandarizados.

La propuesta del Ejecutivo modifica el Estatuto de los Tribunales Administrativos y Fiscales, el Código de Procedimiento y Procesal Fiscal y el Régimen Jurídico del Arbitraje Fiscal. Además de crear tribunales especializados en materia de inmigración, la legislación refuerza las competencias de gestión del Consejo Superior de Tribunales Administrativos y Tributarios. Reorganiza la competencia territorial en lo que respecta a los recursos contra las resoluciones de arbitraje tributario.

Respuesta a las preocupaciones

En respuesta a las preocupaciones sobre la constitucionalidad del modelo, Rita Alarcão Júdice aseguró que el proyecto de ley solo implica la creación de tribunales especializados dentro de la estructura judicial existente, cumpliendo así plenamente con los principios constitucionales.

Por el contrario, las medidas suscitaron reservas por parte del Sindicato de Técnicos de Migración; el sindicato advirtió de que la lentitud del sistema se debe principalmente a limitaciones operativas, problemas organizativos internos y a la falta de recursos en la AIMA, argumentando que la mera descentralización de los casos a los tribunales locales no aborda la causa fundamental del volumen de casos.

En respuesta a las críticas, la ministra de Justicia restó importancia a las objeciones y enmarcó el proyecto de ley como parte de un paquete más amplio de nueve actos legislativos aprobados para el sector de la justicia; el documento pasa ahora a la Asamblea de la República para su debate y votación.