António José Seguro, presidente de Portugal, ha promulgado la nueva legislación del país en materia de inmigración y asilo, tres días después de que el Tribunal Constitucional declarara constitucionales las disposiciones impugnadas.

Esta ley modifica las normas que regulan la entrada, la residencia, la expulsión y la detención de ciudadanos extranjeros, así como los procedimientos para la concesión de asilo y protección internacional, lo que forma parte de la aplicación por parte de Portugal del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE, presentado el 12 de junio de 2026.

La decisión de Seguro, tomada el lunes 31 de agosto, se produjo tras un fallo unánime del Tribunal Constitucional del viernes, en el que no se encontraron motivos para declarar inconstitucionales las once disposiciones que se le había solicitado examinar.

El presidente había remitido dichas disposiciones al tribunal a principios de este mes, alegando que tenía serias dudas sobre si algunas de las medidas protegían adecuadamente a los menores y si las restricciones a la libertad de los extranjeros eran proporcionadas.

Según la Presidencia, Seguro ha aceptado ahora la interpretación del tribunal, que también ofrece orientación a los jueces y a las autoridades administrativas a la hora de aplicar las nuevas normas.

Preocupaciones familiares

Entre las principales preocupaciones figuraban aquellas partes de la legislación que afectan a los padres extranjeros con hijos de nacionalidad portuguesa.

Según las nuevas normas, un ciudadano extranjero que tenga a su cargo a un menor portugués puede, en determinadas circunstancias, ser objeto de alejamiento forzoso o expulsión.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional subrayó que esto no puede ocurrir de forma automática, ya que las autoridades deben tener en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, incluidos el interés superior del menor y la unidad de la vida familiar.

Esta nueva legislación también modifica la protección existente contra la expulsión, fijando el umbral pertinente en cinco años de residencia, lo que significa que los niños nacidos en Portugal menores de cinco años ya no están automáticamente amparados por la protección anterior.

El tribunal consideró que el umbral de cinco años no era manifiestamente arbitrario, señalando conceptos similares en el Derecho de la UE y en la legislación de otros países, entre ellos España.

Normas de detención

Otra de las principales preocupaciones planteadas por Seguro se refería a la posibilidad de detener a los menores que solicitan protección internacional.

Esta nueva ley establece que la detención de menores debe, por regla general, estar prohibida, pero puede considerarse en circunstancias excepcionales y solo como último recurso, tras haber evaluado alternativas menos restrictivas.

Además, la legislación también amplía el período máximo durante el cual algunos extranjeros pueden permanecer en centros de internamiento temporal mientras se tramitan los procedimientos de expulsión.

El plazo estándar es de 180 días, pero puede prorrogarse otros 180 días en casos de falta de cooperación o retrasos en la obtención de la documentación necesaria de terceros países. En la práctica, el plazo máximo puede alcanzar, por tanto, los 360 días.

Reformas migratorias

El 17 de julio, el Parlamento aprobó la ley con los votos a favor del PSD, el CDS y la Iniciativa Liberal, la abstención de Chega y los votos en contra de los partidos de izquierda.

Posteriormente, Seguro remitió parte de la legislación al Tribunal Constitucional para su revisión preventiva antes de decidir si la promulgaba.

El 28 de agosto, la sentencia del Tribunal Constitucional dio luz verde a las once disposiciones examinadas, que abarcaban cuestiones que iban desde la expulsión de los progenitores extranjeros de niños portugueses y el trato a los niños nacidos en Portugal hasta la detención, los procedimientos de devolución en frontera y la protección de los refugiados.

Tras dicha sentencia, Seguro procedió a la promulgación el lunes.

El presidente afirmó que las reformas eran deseables, al tiempo que insistió en que los cambios en la política de inmigración y asilo deben aplicarse con seguridad jurídica y de conformidad con la Constitución de Portugal y sus obligaciones internacionales.