Según informa Lusa, la Asociación Portuguesa de Empresas de Gestión y Administración de Comunidades de Propietarios (APEGAC) insta al Gobierno a que establezca la obligatoriedad de una única póliza de seguro para cada edificio residencial, en sustitución del modelo actual, en el que cada propietario de un piso es responsable de contratar su propia cobertura.
Sistema fragmentado
Vítor Amaral, presidente de APEGAC, señaló que el sistema fragmentado generó importantes dificultades tras la serie de tormentas que azotaron Portugal entre finales de enero y principios de marzo, cuando los daños en las zonas comunes requirieron la presentación de decenas —o incluso cientos— de reclamaciones de seguro independientes dentro de un mismo edificio.
«Un edificio puede tener 100 apartamentos, lo que supone 100 reclamaciones de seguro independientes», explicó, argumentando que una única póliza simplificaría el proceso de reclamación y garantizaría decisiones coherentes en materia de cobertura, franquicias e indemnizaciones.
Según el marco legal vigente, los propietarios de los apartamentos deben asegurar sus partes individuales, lo que hace que, a menudo, los edificios estén cubiertos por varias aseguradoras que ofrecen condiciones de póliza diferentes. APEGAC afirma que esto suele dar lugar a interpretaciones contradictorias, ya que algunas aseguradoras aceptan las reclamaciones mientras que otras las rechazan o aplican franquicias diferentes para el mismo siniestro.
La asociación añadió que ha presentado propuestas para modificar la legislación, pero que, hasta la fecha, ha encontrado escaso apoyo por parte de la Secretaría de Estado de Vivienda, la Asociación Portuguesa de Aseguradoras (APS) o los grupos parlamentarios.
Condiciones meteorológicas adversas
Este debate se produce tras uno de los periodos de fenómenos meteorológicos extremos más destructivos que ha vivido Portugal en los últimos años.
Una sucesión de tormentas atlánticas —entre ellas las tormentas Leonardo, Marta y Kristin— causó una destrucción generalizada en las regiones del Centro, Lisboa, el Valle del Tajo y el Alentejo. Miles de viviendas, negocios y edificios públicos sufrieron daños, mientras que las inundaciones, la caída de árboles y los fallos en las infraestructuras provocaron pérdidas, tanto aseguradas como no aseguradas, estimadas en más de 5 000 millones de euros.
Según cifras de SAPO, el Gobierno recibió alrededor de 35 900 solicitudes de ayudas para la reconstrucción de viviendas tras las tormentas, mientras que el grupo de trabajo nacional para la recuperación estimó que entre 35 000 y 40 000 empresas se vieron afectadas en las regiones más castigadas.
Aunque la APEGAC reconoce que la mayoría de las reclamaciones de seguros ya se han tramitado, Amaral lamentó que los resultados no siempre hayan sido satisfactorios. En algunos casos, las aseguradoras habrían ofrecido soluciones de reparación que no lograban devolver los edificios a su estado original.
Puso como ejemplo un tejado cuyas tejas originales ya no se fabricaban y, en lugar de sustituir todo el tejado por materiales a juego, la aseguradora habría propuesto reutilizar las tejas no dañadas junto con tejas nuevas de un diseño diferente, lo que daba lugar a un acabado desigual.
Esfuerzos de recuperación
El volumen de reclamaciones generadas por las tormentas también ha ejercido presión sobre los peritos de seguros, lo que ha provocado retrasos significativos en la tramitación de los casos rutinarios.
Según la APEGAC, muchas reclamaciones de menor cuantía no relacionadas con las tormentas llevan ahora meses a la espera de inspecciones periciales, ya que los recursos se han redirigido hacia los daños graves relacionados con las condiciones meteorológicas.
Mientras tanto, continúan los esfuerzos de recuperación en todo el país. Portugal recibirá un anticipo de 65,37 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para apoyar la reconstrucción tras las tormentas invernales, lo que contribuirá a reparar las infraestructuras dañadas y a ayudar a las comunidades afectadas.
La APEGAC considera que las lecciones aprendidas de las condiciones meteorológicas extremas de este año deberían dar lugar a una revisión exhaustiva de la legislación sobre comunidades de propietarios, y sostiene que una póliza única obligatoria por edificio mejoraría la eficiencia, reduciría los conflictos entre las aseguradoras y proporcionaría una mayor seguridad a los propietarios a la hora de hacer frente a futuras catástrofes naturales.









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