En Portugal, los ciudadanos pueden forzar la celebración de un debate sobre nuevas leyes con 20 000 firmas

Las protestas públicas pueden ir más allá de mostrar apoyo, ya que los ciudadanos pueden presentar propuestas legislativas directamente al Parlamento si consiguen reunir 20 000 firmas.

Este mecanismo ya ha dado lugar a ocho iniciativas aprobadas de las 17 examinadas en un estudio académico de 2024, lo que representa una tasa de éxito del 47 %.

El tema ha vuelto a ser objeto de atención después de que los defensores del derecho a la vivienda anunciaran sus planes de utilizar este mecanismo para convertir sus reivindicaciones en una propuesta legislativa formal, lo que obligaría a los diputados a estudiarla y a pronunciarse sobre la medida.

Conocido como «Iniciativas Legislativas de Ciudadanos» (ILC), este sistema ofrece a la ciudadanía una vía para participar en el proceso legislativo más allá del voto en las elecciones o de la participación en manifestaciones callejeras.

Según informa Público, una investigación realizada por académicos de la Universidad de Lisboa y de la Universidad NOVA de Lisboa, publicada en la revista Parliamentary Affairs en 2024, identificó inicialmente siete iniciativas que tuvieron éxito, cifra que desde entonces ha aumentado a ocho tras la aprobación de una propuesta relativa a la ampliación del permiso parental.

De las 17 iniciativas examinadas, cinco fueron rechazadas, tres caducaron y una fue retirada, lo que sugiere que las propuestas de los ciudadanos pueden obtener el respaldo parlamentario, aunque el éxito depende de cómo se afronte un exigente proceso legislativo.

Cómo funciona el proceso

El umbral de firmas se redujo de 35 000 a 20 000 en 2016, lo que hizo que el mecanismo fuera más accesible.

Los ciudadanos pueden recoger firmas en línea a través de una plataforma facilitada por la Asamblea de la República, así como en papel.

Sin embargo, alcanzar el número requerido es solo el primer obstáculo, ya que las propuestas deben redactarse en un formato legislativo formal que explique los cambios propuestos e identifique las leyes afectadas, y el Parlamento verifica los datos de los firmantes antes de continuar.

Una vez admitida, el Parlamento remite la iniciativa a la comisión competente para su debate y votación en el pleno, y los debates pueden centrarse entonces en disposiciones concretas antes de la votación final.

Sofía Serra-Silva, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y coautora del estudio académico, declaró a Público que el proceso requiere estar familiarizado con la terminología jurídica y las convenciones técnicas utilizadas para redactar la legislación.

No obstante, sostiene que el valor de estas iniciativas no debe medirse únicamente por el hecho de que se conviertan en ley, ya que llevar un tema al Parlamento puede obligar a los partidos políticos a responder a las demandas de los ciudadanos y a aclarar sus posiciones.

Una de las debilidades que señalan los investigadores es que las personas que impulsan una iniciativa suelen tener una participación limitada una vez que comienzan los procedimientos parlamentarios. Aunque sus representantes puedan ser escuchados al principio, pueden perder influencia directa en las negociaciones posteriores.

Además, las propuestas ciudadanas suelen debatirse junto con los proyectos de ley presentados por los partidos políticos, lo que dificulta determinar qué parte del texto original se mantiene.

Cambio legislativo

Las manifestaciones organizadas por el movimiento Geração à Rasca en marzo de 2011 muestran cómo la movilización ciudadana puede traducirse en un cambio legislativo.

Estas protestas situaron las preocupaciones sobre la precariedad laboral y las condiciones de trabajo en el centro del debate político. Posteriormente, a principios de 2012, cuando Portugal se encontraba sometido a medidas de austeridad y gobernado por una coalición entre el PSD y el CDS, llegó al Parlamento una iniciativa ciudadana que abordaba el trabajo precario.

A pesar del clima político, la propuesta acabó convirtiéndose en ley y fue aprobada por unanimidad.

El sociólogo José Soeiro, profesor de la Universidad de Oporto que ayudó a organizar la iniciativa, recordó que las diferentes interpretaciones políticas de las manifestaciones contribuyeron a que fuera posible alcanzar un acuerdo.

Mientras que los partidos de izquierda se centraron en la oposición del movimiento al empleo precario, los partidos de derecha también lo consideraron una expresión de la frustración entre las generaciones más jóvenes.

La propuesta original abarcaba tres ámbitos: el trabajo a través de agencias de trabajo temporal, los contratos de duración determinada y el uso indebido de las modalidades de trabajo por cuenta propia, comúnmente asociadas a los «recibos verdes».

Las negociaciones parlamentarias descartaron las disposiciones sobre el trabajo temporal y los contratos de duración determinada, al tiempo que mantuvieron los cambios relativos al falso trabajo por cuenta propia, que contaron con el apoyo de todos los partidos.

Según Público, los representantes del movimiento participaron en casi todas las sesiones de trabajo parlamentarias sobre la legislación, y su participación constante se consideró inusual, dado que los grupos de ciudadanos suelen estar menos presentes durante las últimas fases del proceso.

Activistas por la vivienda

La iniciativa prevista en materia de vivienda brinda a los activistas otra oportunidad de convertir la presión pública en una propuesta legislativa formal, tras las protestas por el acceso a la vivienda y la polémica sobre las intervenciones policiales en los campamentos de Lisboa y Oporto.

Sin embargo, aún está por determinar el contenido exacto de la legislación propuesta y su eventual tramitación en el Parlamento.

Para Serra-Silva, la decisión de recurrir a una iniciativa legislativa ciudadana es en sí misma una importante expresión de participación democrática, que cuestiona la suposición de que los jóvenes están desvinculados de la política al demostrar que la participación cívica puede darse a través de canales más allá de las elecciones y las manifestaciones.

La experiencia de Portugal demuestra que los ciudadanos pueden influir en la agenda legislativa y, en ocasiones, lograr cambios en la legislación.

Sin embargo, las cifras de aprobación solo cuentan una parte de la historia, ya que, incluso cuando una propuesta prospera, sus objetivos originales pueden verse reducidos o modificados durante las negociaciones parlamentarias.

El umbral de 20 000 firmas ofrece a los ciudadanos una vía directa hacia el proceso legislativo, pero que los defensores de la vivienda puedan convertir esa oportunidad en un cambio concreto dependerá de la propuesta que presenten y del apoyo que obtenga en el Parlamento.