La resolución, dictada el 15 de octubre, aclara cómo deben aplicarse las normas europeas en materia de pagos y tiene repercusiones para los bancos y los titulares de cuentas en toda la Unión Europea, incluido Portugal.

Según la sentencia, las entidades financieras no pueden retrasar el reembolso simplemente porque consideren que un cliente no ha protegido sus datos bancarios. Normalmente, el dinero debe devolverse de inmediato y, a más tardar, al final del siguiente día hábil tras el momento en que el banco tenga conocimiento de la transacción no autorizada.

El caso se originó en Polonia, donde una mujer perdió aproximadamente 700 € tras ser víctima de una estafa de banca online.

Había puesto a la venta un artículo en un mercado en línea cuando alguien que se hacía pasar por un posible comprador le envió un enlace, supuestamente para confirmar la compra.

El enlace la redirigió a una página web fraudulenta diseñada para parecerse a la página de banca en línea de su banco. Tras introducir sus datos de acceso, sin saberlo, facilitó al estafador el acceso a información que permitió que se transfiriera dinero desde su cuenta.

La mujer denunció la transacción a su banco al día siguiente, pero la entidad se negó a reembolsarle el importe, alegando que había incurrido en una negligencia grave a la hora de proteger sus credenciales de seguridad.

Ella impugnó la decisión ante los tribunales, lo que llevó a un juez polaco a solicitar aclaraciones al TJUE sobre las obligaciones del banco en virtud de la legislación europea.

Los bancos deben reembolsar primero

El tribunal europeo dictaminó que la supuesta negligencia de un cliente no exime al banco de la obligación de realizar un reembolso inmediato por un pago no autorizado.

La resolución interpreta la Directiva de Servicios de Pago de la UE, conocida como PSD2, que establece normas que regulan los pagos electrónicos y la protección de los consumidores.

Es importante destacar que la sentencia separa la obligación de reembolsar a los clientes de la cuestión de quién es, en última instancia, responsable de la pérdida económica.

Los bancos pueden intentar recuperar posteriormente el dinero si demuestran que el cliente actuó de forma fraudulenta o intencionada, o que, por negligencia grave, incumplió sus obligaciones en materia de seguridad.

La responsabilidad de demostrar la negligencia grave recae en la entidad financiera.

También existe una excepción al requisito de reembolso inmediato cuando un banco tiene motivos razonables para sospechar que el cliente cometió personalmente un fraude y comunica dichas sospechas a la autoridad nacional competente.

El mero hecho de alegar que alguien fue descuidado con su contraseña o su información bancaria no es suficiente para justificar la retención del reembolso inicial.

¿Qué significa esto para los clientes en Portugal?

La sentencia es relevante para los clientes bancarios portugueses porque aclara cómo deben interpretar los tribunales nacionales la legislación europea vigente en materia de pagos.

El Banco de Portugal ya establece en su guía oficial para los consumidores que los bancos deben reembolsar provisionalmente a los clientes las transacciones presuntamente no autorizadas antes de que finalice el siguiente día hábil, salvo en el caso de sospecha de fraude por parte del cliente.

El banco central también explica que, en determinadas circunstancias, los clientes pueden ser responsables de pérdidas de hasta 50 € derivadas de pagos no autorizados.

Ese límite no se aplica necesariamente cuando se demuestre que ha habido negligencia grave o conducta dolosa.

La nueva sentencia refuerza la distinción entre recibir un reembolso inicial y determinar si el cliente debe asumir en última instancia la pérdida.

Esto no significa que toda persona que pierda dinero a causa de una estafa en línea tenga automáticamente derecho a un reembolso definitivo. Los pagos que los clientes autorizan a sabiendas, incluso después de haber sido engañados, pueden plantear cuestiones jurídicas diferentes.

¿Qué deben hacer las víctimas de fraude?

El Banco de Portugal aconseja a cualquier persona que detecte una transacción no autorizada que se ponga en contacto con su banco de inmediato y denuncie el incidente.

Los clientes también deben notificarlo a la policía u otras autoridades pertinentes y conservar registros de los mensajes sospechosos, las transacciones y las comunicaciones con su banco.

Según la normativa aplicable, las transacciones no autorizadas deben denunciarse, por lo general, sin demora injustificada y en un plazo de 13 meses, aunque esperar para denunciar un presunto fraude puede afectar a los derechos del cliente.

El regulador recomienda asimismo evitar los enlaces recibidos a través de correos electrónicos o mensajes de texto inesperados y no compartir nunca contraseñas de banca en línea ni credenciales de seguridad.

La sentencia del TJUE, dictada en el asunto C-70/25, ofrece una interpretación vinculante del Derecho de la UE para los tribunales nacionales que se ocupan de litigios similares, incluidos los presentados ante los tribunales portugueses.

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