Una de las opciones que se están barajando consistiría en utilizar el kilometraje registrado durante las inspecciones técnicas de los vehículos para calcular los pagos. La idea sigue en fase de debate y aún no se ha aprobado ninguna nueva tasa.

Según Executive Digest, el presidente del IMT, João Jesus Caetano, sugirió utilizar los registros de las inspecciones para determinar la distancia recorrida por cada vehículo. De este modo, los pagos podrían reflejar el uso de las carreteras y el impacto medioambiental. El director ejecutivo de Brisa, António Pires de Lima, también mostró interés por la idea, aunque señaló algunas dudas sobre su funcionamiento.

El debate se produce en el marco de un estudio sobre la financiación de las carreteras presentado por la Autoridad de Movilidad y Transporte (AMT) el 29 de septiembre en Carnaxide, Oeiras. El estudio analiza cómo Portugal puede financiar sus carreteras a medida que la tecnología evoluciona y los actuales contratos de concesión se acercan a su fin.

Parte de la financiación asignada a Infraestruturas de Portugal procede de los impuestos sobre la gasolina y el gasóleo. A medida que más conductores se pasen a los vehículos eléctricos, se prevé que esa fuente de ingresos disminuya.

Al informar sobre el estudio, Pplware señaló que las estimaciones de Infraestruturas de Portugal apuntan a una reducción anual de los ingresos de entre 140 y 200 millones de euros si la movilidad eléctrica alcanza una cuota del 20 % al 30 % en 2030. La AMT sostiene que la financiación futura debería incluir contribuciones de todos los usuarios de la carretera, incluidos los que conducen vehículos eléctricos.

No obstante, un sistema basado en inspecciones requeriría la adopción de nuevas decisiones. Los turismos nuevos no se someten a inspecciones cada año, lo que deja lagunas entre las lecturas del cuentakilómetros. Las motocicletas plantearían otra dificultad, ya que actualmente no están sujetas a inspecciones periódicas en Portugal.

El estudio más amplio propone combinar las tasas vinculadas al uso de las carreteras con medidas medioambientales y fiscales, así como con financiación pública. También subraya que cualquier cambio debería tener en cuenta las diferencias entre regiones y el grado de dependencia de los residentes y las empresas respecto al transporte por carretera.

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