El documento, que fue aprobado por el pleno y publicado por los órganos sectoriales, establece que las áreas prioritarias para la formación judicial son la inteligencia artificial, las pruebas digitales, la ciberseguridad y la protección de datos, así como la gestión de los tribunales, las tecnologías de la información, la alfabetización digital y la salud y seguridad en el trabajo.

Una «Unidad de Formacióndel CSM » se encargará de gestionar este proceso; dicha unidad evaluará las necesidades, elaborará planes anuales e informes de impacto y mantendrá un repositorio en línea de materiales para jueces y personal judicial.

Aunque la formación complementaria suele ser opcional, el reglamento establece que el CSM puede exigir la asistencia en determinados casos; por ejemplo, si un juez es destinado a una jurisdicción especializada en la que no haya ejercido durante más de cinco años, tras reformas legislativas importantes, durante los primeros cinco años de su carrera, o a raíz de una recomendación de la inspección judicial o del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

El acceso a las plazas de formación se distribuirá de forma proporcional entre las distintas categorías profesionales: el 15 % se reservará para jueces con siete años de antigüedad o menos, el 65 % para el resto de jueces de primera instancia y el 20 % para los jueces de apelación y del Tribunal Supremo—, dando prioridad a la relevancia de los puestos en cuestión, la falta de formación previa, el mérito y la antigüedad en el servicio.

Además, para cursar un máster, un doctorado o un curso de posgrado durante la jornada laboral, ahora será necesaria la autorización previa de una excedencia, siempre que se evalúe el interés público y el impacto en el funcionamiento judicial.

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